El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) nació en EEUU en 1969. Vino a “uniformar” el derecho ambiental, para aumentar la inversión y evitar la judicialización. Los países comenzaron a adoptarlo porque el Banco Mundial incorporó la evaluación ambiental como un requisito para la asistencia financiera de proyectos de inversión.
Así, la Declaración de Estocolmo (1972), en su principio número 11, señaló que “las políticas ambientales de todos los estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo”. Principios que generarían un crecimiento económico pero sostenible.
Fiel a sus votos, en 1994, el gobierno de Patricio Aylwin promulgó la ley de bases del medio ambiente (ley 19300), que supuestamente terminaría con la impunidad con que actuaban las empresas contaminantes. Antes de esta ley, eran los tribunales de justicia los que revisaban estos casos, lo que terminó por judicializar excesivamente el daño al medio ambiente.
Es por esto que la ex Concertación se propuso ordenar el tema, regulando la contaminación, pero permitiendo un “crecimiento económico” y que fuera “social y ambientalmente aceptable”. Al menos, eso era en el discurso.
Porque lo que ocurrió en realidad es que se aumentó el ritmo de inversión y crecimiento, pero a costa de la destrucción del medio ambiente. Se generó un catálogo de proyectos contaminantes, los que debían ingresar al SEIA y solicitar los permisos ambientales. Todos los proyectos que no estaban en este catálogo, quedaban fuera del SEIA, generando un gran manto de impunidad para estas empresas.
Uno de los rubros más beneficiados con la letra chica de la ley 19300 fue el inmobiliario, ya que los proyectos de menos de 300 viviendas no necesitaban obtener permisos ambientales, aún si fueran altamente contaminantes.
Los distintos gobiernos que sucedieron a Aylwin continuaron la tendencia de dejar proyectos contaminantes fuera del SEIA, lo que profundizó el grave deterioro medioambiental del país.
Hoy día el SEIA es una oficina que unifica los permisos ambientales y entrega certeza jurídica para aumentar la inversión, más que un procedimiento para evitar el daño ambiental. Desde que el SEIA existe se han aprobado el 99% de los proyectos presentados, y por ello se parece más un organismo del Ministerio de Economía pro inversión que a un garante en la protección del Medio Ambiente. Además, uno de los tres ejes del sistema iba a ser la “participación ciudadana”, pero esta terminó siendo un mero discurso, y no es decisiva para la aprobación de proyectos. Incluso han quedado afuera los pueblos originarios, vulnerando la “consulta indígena” consagrada en el artículo 169 de la OIT.
Piñera otra vez
Desde el otro extremo, la crítica más persistente del gran empresariado al SEIA es “su excesivo tiempo de demora”. El gobierno de Piñera tomó nota de ello, e ingresó una reforma al SEIA que busca agilizar la tramitación de los proyectos. Para ello, eliminará empresas contaminantes del catálogo del SEIA, unificará, facilitará y disminuirá los permisos ambientales, y mantendrá el carácter cosmético de la “participación ciudadana” (no resolutivo).
Según el sitio web de la Cámara de Diputados (donde el proyecto fue aprobado el 4 de julio pasado por la comisión de medio ambiente y va con suma urgencia) “estas modificaciones permiten disminuir los plazos de tramitación de los proyectos en, al menos, un año, que es lo que toma la revisión de las decisiones de las Comisiones Regionales”.
Además de esto, la reforma al SEIA propuesta por Piñera consagra un procedimiento para “saltarse” el sistema (artículo 25 quinquies, ley 19300) y restringe las facultades del director del SEIA para detener proyectos contaminantes (como el que se detuvo en el Fundo el Panul el año 2012).
Es decir, Piñera busca hacer lo mismo que intentó en su primer gobierno, pero que fue oportunamente revertido gracias a un recurso presentado por la Red Precordillera y otras organizaciones.
El actual proyecto de ley del ejecutivo propone dejar afuera de la evaluación a los proyectos inmobiliarios presentados en zonas declaradas latentes o saturadas de contaminación (como Santiago y las grandes ciudades de Chile) que cuenten con un Plan de Descontaminación (casi todas). Es absurdo reconocer que hay áreas contaminadas, para luego ocupar esto como argumento a favor de proyectos contaminantes.
Megaproyectos inmobiliarios como el que se presentó en el Bosque Panul, y que fue detenido dentro del SEIA, quedarán afuera del sistema y podrán solicitar los permisos directamente al Municipio, y sabemos que hay alcaldes y alcaldesas que aprueban proyectos en sus comunas sin importarles la calidad de vida de los habitantes del territorio que prometieron proteger. (Solo como antecedente, el actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, fue quién aprobó en su momento el anteproyecto inmobiliario en el Panul (2011), hecho que jugó en contra pero que finalmente fue revertido por la comunidad).
Estado actual
En Chile actualmente hay una crisis ambiental reconocida incluso por la Cepal y OCDE, debido a la excesiva dependencia a la extracción de sus recursos naturales, a la alta contaminación de sus suelos, aguas, mares y glaciares, a la grave sequía que afecta a pueblos y extensas zonas del país, a la creciente pérdida de hábitats y especies, a la dramática disminución de su bosque nativo, y a la escasa participación del Estado en la protección del medio ambiente (destina solo el 0.1% de su PIB), pese de ser uno de los países que está siendo y será más afectados por el “cambio climático”. En una encuesta realizada por la empresa Cadem, el 74% de los encuestados está de acuerdo en cuidar el medio ambiente aunque implique frenar el desarrollo económico.
Debemos detener esto ahora. Cada día que transcurre se profundiza esta situación. Si el presidente Piñera quiere hacer algo, y no solo es un discurso por la COP25, que empiece por fortalecer el SEIA, y hacer modificaciones que vayan en la dirección correcta, que es proteger el medio ambiente, permitiendo la participación directa de los afectados. Debemos discutir entre todos el actual modelo de crecimiento económico, altamente contaminante y extractivista, que es totalmente insostenible en el tiempo, y proponer un nuevo modelo que este en armonía con el planeta.
Red por la Defensa de la Precordillera, Octubre 2019.
