El miércoles 31 de Octubre asistimos al Concejo Municipal, instancia en la que se votaba la aprobación de 30 millones de pesos para el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERPA).

Como algunos recordarán, el municipio de La Florida decidió hacer el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERPA) para modificar el Plan Regulador Comunal (PRC), y proteger el Panul. El estudio básicamente permitiría saber dónde hay áreas de riesgo (inundaciones, remoción en masa, aluviones, etc.) y de alto valor ambiental (bosque nativo, biodiversidad, especies protegidas, etc.). Estos antecedentes son esenciales para fundamentar una modificación al Plan Regulador, para así evitar la construcción inmobiliaria y la destrucción de nuestra precordillera que actualmente permite la normativa comunal.

En agosto del 2011, la Red por la Defensa de la Precordillera en conjunto con el municipio, levantaron una mesa de trabajo compuesta por la Asesoría Urbana y miembros de la Red, para generar las “bases de licitación”1 que cumplieran con las expectativas y necesidades de la comunidad.

Dos meses antes, en junio del 2011, el Concejo Municipal aprobó en forma unánime recursos para la realización del Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERPA). No obstante, poco después y sin consultar al concejo y la Asesoría Urbana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, solicitó a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Marisol Rojas, financiamiento para efectuar el mismo estudio.

La Red denunció en su momento el ingreso de la SEREMI, ya que el año anterior Marisol Rojas había presionado fuertemente al municipio para que aprobara el anteproyecto inmobiliario. Esta aprobación se concretó el 30 de junio del 2011, es decir, después de tres años de resistencia de parte de la Dirección de Obras Municipales, y a tres días de haber asumido Carter como alcalde designado por el Concejo Municipal.

Frente a este escenario, nos mantuvimos atentos al proceso de modificación y exigimos al municipio que incorporara las bases que habíamos trabajado en conjunto. Si bien esto ocurrió, el municipio junto a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo acordaron restringir el área de estudio, dejando fuera la zona entre los Canales San Carlos y Las Perdices (área que fue afectada por el aluvión del 1993). Además, la SEREMI resolvió unir dos estudios de diferentes comunas: La Florida y Vitacura, ofreciendo 150 millones de pesos. Ninguna empresa quiso hacerse cargo de un ERPA para dos comunas distintas, por lo que la licitación se declaró desierta y se retrasó aún más la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC).

A raíz de esto, la SEREMI decidió separar ambos estudios y hacer uno solo para la Florida, solicitando al municipio 30 millones de pesos, que sumados al aporte de 70 millones de la SEREMI, hacían más atractiva la licitación del ERPA.

El 31 de octubre del presente año, asistimos cerca de 15 miembros de la Red a la sesión del Concejo Municipal, donde se votaba la aprobación de los 30 millones de pesos solicitados por la SEREMI. Al llegar a la sala, Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, había disminuido drásticamente el número de asistentes al concejo, bajándolo a 26 personas. Por ende, solo siete de nosotros lograron ingresar al lugar. Cuando la sesión comenzó a hablar sobre el ERPA, solicitamos la palabra, a lo que Carter respondió rotundamente: “No, a ustedes no les daré la palabra”. Volvimos a solicitarla, y la respuesta fue la misma. Nos miramos y decidimos abandonar inmediatamente el concejo.

Como Red no queremos un conflicto con el municipio, ya que entendemos que solo coordinando a los distintos actores sociales (donde el municipio es un actor fundamental), podremos defender y recuperar el Bosque Panul y la precordillera. Esto, considerando que el alcalde es el máximo representante de la comunidad local, y que la planificación urbana es una de sus atribuciones más importantes.

Nuestra asistencia al Concejo Municipal tenía como objetivo proponer mejoras en las bases de licitación, las cuales ayudarían a disminuir los excesivos plazos propuestos por la SEREMI y aumentar el control del municipio en el proceso, ya que en las bases anteriores se les entregaban más facultades de decisión a la SEREMI2. Sabíamos que el municipio aprobaría los recursos, y así fue.

En varias ocasiones hemos denunciado el valioso tiempo perdido en todo este proceso. Recordemos que el municipio de La Florida se comprometió formalmente a modificar el Plan Regulador Comunal (PRC) en enero del 2008, y por segunda vez, en mayo del 2011.

Según el cronograma que generó la mesa de trabajo entre la Red y la Asesoría Urbana, la licitación se haría en enero del 2012, por lo que el ERPA estaría listo a más tardar a fines de este año (la elaboración del ERPA puede durar entre 6 meses y un año, dependiendo de los plazos que se exijan y la rapidez con que actúen los organismos involucrados). Con el ingreso de la SEREMI todo el proceso se retrasó, y más aún por la malograda licitación anterior. Además, el concejo aprobó los 30 millones de pesos, pero condicionando esta entrega al 2013, es decir, el inicio del ERPA comenzará un año después de lo acordado con el municipio.

Hemos estudiado a cabalidad este proceso, y estamos seriamente convencidos de que, si hay voluntad política, el Plan Regulador podrá estar modificado perfectamente a fines del 2013. Para lograr esto, el cronograma debería ser: enero-febrero 2013, licitación y adjudicación; marzo-septiembre, inicio y entrega de ERPA; octubre-diciembre, análisis, propuesta, generación y modificación final.

Queremos ser un aporte en este proceso, evitando retrasos innecesarios que podrían desembocar en un Plan Regulador Comunal (PRC) para el año 2015, el cual no serviría en absoluto a proteger y defender el Bosque Panul de la actual amenaza inmobiliaria. Es importante tener presente que el congelamiento de permisos de construcción vence en octubre del 2013. Después de esta fecha, la inmobiliaria podrá presentar un nuevo megaproyecto, acogiéndose al actual PRC, que permite la destrucción de los ecosistemas cordilleranos.

Hacemos un llamado a estar alertas, y a sumarse al proyecto de parque comunitario que está levantando la Red. La única manera de proteger el Panul es apropiarse de él, en el sentido más profundo de la palabra, generando una propuesta de parque que atienda a las necesidades de todas y todos. Para esto, consideramos irrenunciable la posibilidad de gestionar nosotros mismos el parque que queremos.

Le pedimos nuevamente al municipio que permita una real participación ciudadana en todo este proceso. Las autoridades municipales deben recordar que fue la comunidad organizada la que detuvo – momentáneamente - la destrucción del Panul. Exigimos respeto por nuestro trabajo, pero sobre todo, respeto por la soberanía y autonomía municipal.


1 Las bases son las exigencias que se le hacen al particular para elaborar el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental (ERPA).
2 La modificación a un Plan Regulador Comunal (PRC) es una facultad exclusiva de la Municipalidad, independiente de si esta es apoyada por otra repartición del Estado en su financiamiento.




Red por la Defensa de la Precordillera, Noviembre 2012.