El Bosque Panul se ha enfrentado a diversos proyectos privados y a la necia voluntad política del Estado, que incentiva el crecimiento de la ciudad por medio del apoyo al negocio inmobiliario en desmedro de los bosques que sostienen la vida. El actual gobierno, bajo el slogan de “agilizar la inversión”, ha puesto en marcha una “revolución microeconómica”, según sus propias palabras, cuyo eje sería la GPS u “Oficina para la Gestión de Proyectos Sustentables”. Esta Oficina es la sucesora del CAI (Comité de Agilización de Inversiones) o Comité Longueira, que en el primer gobierno de Piñera fue duramente cuestionado por la Contraloría, ya que su fin era hacer lobby para lograr la aprobación de 80 proyectos “emblemáticos” a nivel país, entre ellos, el proyecto inmobiliario pretendido en el Fundo El Panul, en la comuna de la Florida.
El actual gobierno ha sostenido en diversos medios que se llevará a cabo una “revolución microeconómica”, pero sin entregar muchos detalles sobre que significa este concepto. Lo que sí ha ido decantándose en estos días, es que la “revolución” básicamente buscará “aumentar la inversión”.
El aumento de la inversión, o dicho de otra forma, el aumento de proyectos aprobados, dicen, desde el gobierno, nos traerá mayor bienestar social.
El pilar de esta revolución será la GPS, u Oficina para la Gestión de Proyectos Sustentables
Comité Longueira: el padre de la criatura.
El 2 de agosto del 2010 fue creado el Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI) cuando Pablo Longueira era Ministro de Economía. El objetivo de este comité era destrabar proyectos emblemáticos a través de asesorías para su pronta puesta en marcha. En su momento fue altamente cuestionado por la Contraloría, pues su intervención sobrepasaba la función asesora para la que fue creado y “aceleraba” los procesos saltándose la institucionalidad.
Terminado el primer gobierno de Piñera, este comité desapareció.
Piñera vuelve a la carga
Pero ahora, en su segundo gobierno, Sebastián Piñera fue nuevamente a la carga, partiendo con un error: el CAI ahora se llamaba “Oficina de gestión de proyectos de inversión”. Al parecer, el nombre no gustó a muchos, ya que además de parecerse a su antecesora, dejaba en claro que agilizaría o gestionaría proyectos de inversión, no siempre amigables con el medio ambiente. Así, rápidamente el nombre fue cambiado, por la actual GPS, u Oficina para la Gestión de Proyectos Sustentables.
Hace algunos días, el ministro de economía José Valente, señaló a un diario, ante la pregunta ¿Cuáles son los ejes de la “revolución microeconómica” que ha anunciado el gobierno? “Generar condiciones atractivas para la inversión a través de la oficina GPS… la crítica es válida, nos hemos transformado en un país burocrático en la aprobación de proyectos de inversión. A través de la GPS hicimos el catastro y sabemos que para los próximos cinco años existen cerca de 220 proyectos que representan US$70 mil millones en inversión, con el potencial de 30 mil nuevos empleos de calidad.”
La GPS ya fue denunciada por parlamentarios ante Contraloría.
SUPER para los proyectos contaminantes
El gobierno ya acusó la excesiva “burocracia” que tienen los proyectos de inversión en el país. Es por esto que, para evitar lo que ocurre hoy (que diversos organismos estatales se pronuncien sobre un proyecto) anunció la creación de SUPER, un “Sistema Unificado de Permisos que permitirá tramitar y seguir más de 200 permisos en un portal web”.
Paradójicamente, nuestro sistema ambiental chileno es tan precario y ha aprobado tantos proyectos contaminantes, provocando graves crisis como en Monte Patria, Petorca o Quinteros, que no vemos razón para acelerar la aprobación de los permisos ambientales de las grandes empresas.
Lo que se nos viene
Lo que pretende el actual gobierno desconoce completamente la realidad chilena, donde cientos de pueblos sufren por la escasez hídrica, o por tener proyectos contaminando sus aguas, sus tierras y sus ríos. El ejecutivo debería avanzar en fortalecer nuestra debilitada institucionalidad ambiental, para aprobar proyectos que realmente sean un beneficio para el ecosistema y para las comunidades que habitan en él, y no solo aprobar o gestionar proyectos por la cantidad de dinero que entregarán al final del día. Pensar que como pueblo podremos vivir eternamente del dinero es no entender que nuestro planeta tiene límites.
El escenario es muy complejo, no solo para el Panul, sino para todos los ecosistemas que resisten en zonas urbanas o sus alrededores, los que, en vez de ser incorporados como patrimonio ambiental, están siendo destruidos por megaproyectos que responden a una política de crecimiento ilimitado y poca valoración de los habitantes.
¿Qué pasará en lugares donde no hay una comunidad activa, y el Estado actúa como lo ha hecho hasta ahora? Se contaminarán y destruirán sin siquiera una mitigación de las empresas. Nuevamente, perderemos todos.
Nuestra solución es una gestión territorial y urbana comunitaria, que decida en espacios abiertos (horizontales y diversos) los ejes centrales de la planificación de los pueblos y sus ciudades, y luego ésta sea ejecutada por el Estado, no al revés como se pretende hoy.
Red por la Defensa de la Precordillera. Marzo 2019.