Quizás para muchos que se enteraron de la pelea que se está dando en La Florida para proteger el bosque Panul se alegraron y despreocuparon cuando, en Enero de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) puso término al proceso de evaluación ambiental que debía determinar la factibilidad de realizar un proyecto inmobiliario que amenazaba con talar este patrimonio natural para construir 1307 viviendas.
Quizás para muchos que se enteraron de la pelea que se está dando en La Florida para proteger el bosque Panul se alegraron y despreocuparon cuando, en Enero de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) puso término al proceso de evaluación ambiental que debía determinar la factibilidad de realizar un proyecto inmobiliario que amenazaba con talar este patrimonio natural para construir 1307 viviendas. Si bien es cierto que dicho proyecto ha quedado atrás, en gran medida gracias al trabajo de la ciudadanía, hoy el proceso de modificación al Plan Regulador Comunal que permitiría la protección definitiva del Bosque y haría posible la idea de convertirlo en un parque público, está en una situación más que preocupante dados los acuerdos que ha establecido la Municipalidad con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, sin considerar debidamente las demandas ciudadanas.
Luego de la paralización del proyecto debido al pronunciamiento del SEA (que respondió casi textualmente a las observaciones hechas por la ciudadanía), a pesar de que en términos normativos no significaba ningún avance, el escenario era bastante más alentador que el 2011, cuando se aprobó el anteproyecto por la Dirección de Obras de la Municipalidad y la empresa inmobiliaria pretendía obtener la aprobación definitiva con una escueta declaración de impacto ambiental. Parecía que la joven institucionalidad ambiental en Chile cobraba fuerza y se estaba haciendo entender a las autoridades que la precordillera no se debe urbanizar. No sólo porque el bosque nativo cumple un rol fundamental en el equilibrio ecosistémico de la ciudad, sino que además, porque al construir casas e impermeabilizar el suelo, seguimos exponiendo a la población a riesgos asociados a aluviones y remoción en masa que podrían provocar, además de la destrucción de sus viviendas, la pérdida de vidas humanas.
Un ejemplo de aquello es lo ocurrido en 1993 en la quebrada de Macul, evento que podría repetirse en cualquier momento, pudiendo ser incluso de mayor magnitud, considerando la existencia de la Falla de Ramón, que aunque algunas autoridades traten de minimizar, es un peligro latente.
Hoy, a 6 meses de la paralización del proyecto y de la consulta ciudadana organizada improvisadamente por el Municipio, en la que 22 mil floridanos apoyaron cambiar el plan regulador comunal (PRC) para salvar el bosque, lejos de lograr el cambio normativo que el alcalde había prometido para esta fecha, el proceso de modificación está quedando bajo el control de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, quien se ha mostrado abiertamente favorable al desarrollo inmobiliario en esta zona y presionó a las autoridades locales a aprobar el anteproyecto el 2011 validando con ello los antecedentes entregados por la empresa, donde se afirmaba que no existía ningún riesgo en el lugar.
La modificación normativa que los ciudadanos exigen requiere un antecedente técnico llamado Estudio de Riesgos. El Concejo Municipal había aprobado en el presupuesto de este año los recursos para su realización. Sin embargo, en lo que parece una acción innecesaria y cuestionable, el alcalde solicitó a la SEREMI que incluyera la zona que nos interesa en un estudio mayor que el que a nivel central se está realizando para la Región Metropolitana.
Esto, en primer lugar, es un despropósito desde el punto de vista técnico, ya que las escalas de trabajo son muy distintas y las condiciones en las que se licitó dicho estudio no se aplican para el estudio que La Florida necesita.
Por otra parte, con esta acción la SEREMI tiene el control del financiamiento, licitación, adjudicación y supervisión del estudio, dejando al Municipio como un simple observador. Aún más grave que lo anterior, es que el Municipio aceptó los límites de la zona de estudio impuestos por la SEREMI, que reducen el área de protección acordada por los vecinos y las autoridades, dejando fuera la franja entre los canales San Carlos y Las Perdices, justamente el territorio que recibió el impacto del aluvión de 1993.
La aprobación de este acuerdo se efectuó el pasado 28 de junio, en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal convocada con dos horas de anticipación, a la que afortunadamente la Red por la Defensa de la Precordillera logró asistir como la contraparte ciudadana que en repetidas ocasiones el alcalde ha ignorado.
En definitiva, el bosque Panul y la precordillera siguen en peligro, quizás no inminente como lo estaba el año pasado, pero si el proceso de modificación al plan regulador sigue el curso que está llevando, probablemente no habrán muchas herramientas para impedir que otro proyecto inmobiliario termine destruyendo el último bosque nativo que queda dentro del radio urbano. La Red por la defensa de la Precordillera sigue trabajando para salvarlo y lograr que se convierta en una Reserva Natural Urbana para Santiago.